Ante los medios nacionales el Alcalde de Loja, José Bolívar Castillo y su abogado Medarlo Oleas, ofreció una rueda de prensa en la ciudad de Quito.
La autoridad del cantón hizo conocer todo el procedimiento desde que inició la revocatoria a su mandato y las veces que el Consejo Nacional Electoral lo negó, además dio lectura a un oficio del 12 de octubre del año anterior que dice lo siguiente: “el Consejo Nacional Electoral da su pronunciamiento inadmitiendo lo planteado por el señor Segundo Cesar Armijos por no adecuarse a los requisitos establecidos en la ley; además, el planteamiento resulta impreciso porque no señala con claridad las normas violentadas por el alcalde de Loja. También hay que observar, que la autoridad no ha incumplido, por lo que no existe causal para comenzar un proceso de revocatoria”.
El alcalde de Loja, sostiene que sorpresivamente el 08 de diciembre de 2017, el Contencioso Electoral resuelve dar paso a la revocatoria, inobservando el pronunciamiento del CNE y negando el derecho a la defensa al revocado. Bajo este escenario, solicita la entrega de formularios para la recolección de firmas, inclusive amenazando con destituir a los vocales del Consejo Electoral por la demora, enfatizó.
Inmunidad
“Si no hay causa lícita nunca pudo darse paso a la solicitud de la revocatoria del mandato”, señala Medardo Oleas, abogado del burgomaestre lojano. Explica que el Contencioso Electoral sería sometido a un proceso de evaluación por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y utilizan la revocatoria del Alcalde Castillo para protegerse con inmunidad y no ser evaluados, ni destituidos de su cargo y seguir en sus funciones, expone el Jurista.
Añade que esta situación se evidencia, cuando un ciudadano presenta una demanda de inconstitucionalidad y no los integrantes del Contencioso Electoral. Indica que las funciones de este organismo concluyeron el año anterior y tres de ellos tienen funciones prorrogadas. Dijo que el país debe volver a la constitucionalidad.
Violación al debido proceso
Además, sostuvo que el alcalde de Loja debía ser convocado a través del casillero electoral de su abogado en su domicilio y no a través del sistema Quipux, como ellos lo indican. “Una vez más se muestra la violación al debido proceso”. Añadió que tampoco se conoce el texto que debería incluirse en la pregunta del referéndum. “La Ley está para cumplirla y no para adaptarla a las necesidades de unos cuantos”, puntualizó.
