A la administración municipal le ha tocado enfrentar una problemática que se generó en mayo de 2015 cuando se suscribe el contrato para la prestación de servicios por fotomultas con la empresa Safety.
Desde que se suscribió el contrato se dieron algunos incumplimientos del mismo por parte de Safety y el Municipio en salvaguarda del interés público apertura expedientes administrativos contra la concesionaria del contrato.
En mayo de 2020 el Municipio de Loja termina el contrato por vencimiento de plazo, hay que tener presente que este documento tenía vigencia por el lapso de cinco años.
Safety en retaliación a que no se renovó el contrato activó una serie de demandas, cerca de cien, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Loja, señaló Luis Narváez, procurador síndico municipal.
Explicó que incluso el Municipio interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de Loja por el presunto ataque a la integridad del sistema tecnológico, “hace 15 días se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de Safety y ahora está en etapa de instrucción fiscal”.
Dentro de esta acción penal se logró la aplicación de medidas cautelares en contra de Safety, esto es la prohibición de enajenar bienes de la compañía, la suspensión temporal de las actividades de la empresa en el cantón Loja y la intervención de la Superintendencia de Compañías, es decir el municipio nunca ha descuidado la defensa de los procesos judiciales, así como la activación de otros procesos judiciales en contra de la concesionaria.
Defensa
A inicios del mes de octubre Safety demanda una acción de protección en la ciudad de Quevedo y la jueza aceptó dicha figura jurídica a favor de la empresa y dispone el pago de cerca de doce millones de dólares por una supuesta afectación a la compañía según el examen especial de Contraloría Nro. DR4-DLP-ML-032-2017, resultante de resoluciones de fijación de límites de velocidad para la ciudad de Loja emitidas por la administración anterior.
Ante esta situación y en salvaguarda del interés público se encuentra en desarrollo un proceso para la contratación de un patrocinio jurídico para el ejercicio de la defensa técnica.
Ernesto Alvear, secretario general, indicó que para llevar adelante la defensa se requiere de experticia en materia constitucional y por ello se recurrió a este proceso, que se encuentra en etapa precontractual.
Además, expresó que se ha iniciado las quejas respectivas ante el Consejo de la Judicatura para que se pronuncie respecto al caso que perjudica a la población lojana.
