Hace varias semanas, un grupo de agentes civiles de tránsito presentó una acción de protección por vulneración de derechos constitucionales en la entrega de certificados honoríficos y designación de jefe operativo de la UCOT (Unidad de Control Operativo de Tránsito).
La defensa de parte del Municipio de Loja presentó los procesos jurídicos y demostró que se llevó un correcto procedimiento legal en apego a los principios constitucionales de seguridad jurídica y derecho a la igualdad y no discriminación.
A decir de Salvador Merino, abogado del Municipio, para la designación del jefe operativo se respetó el principio de paridad y eso ha sido ratificado por la justicia constitucional porque se actuó apegado a derecho.
La resolución emitida el 26 de marzo del año en curso corrobora que la municipalidad y la actual administración no han incurrido en irrespeto a los derechos de los funcionarios.
